El freno al desarrollo: las agroexportadoras se niegan a pagar por el uso de las calles que destruyen

La Tasa Vial Solidaria, creada para reparar y mantener las calles urbanas y rurales de Necochea y Quequén, ha sido blanco de las agroexportadoras que se niegan a abonarla, a pesar de que desde el año 2017 ya circularon por el distrito más de 1.860.000 camiones rumbo al puerto. Las terminales, que concentran el 82% del PBI local según un informe del Centro de Acopiadores, no aportan nada para sostener la infraestructura que utilizan a diario.

El intendente Arturo Rojas denunció públicamente que “los sectores poderosos se niegan a pagar una tasa que les corresponde por ley”, y adelantó que el municipio avanzará por la vía legal y administrativa. “El circuito de exportación está subsidiado por los vecinos que pagan tasas municipales para tapar los pozos que dejan los camiones”, sentenció.

Desde las empresas se excusan alegando que “no usan las calles, sino los camioneros”, argumento que fue refutado por funcionarios municipales: “Si no usaran las calles, no podrían exportar ni importar. No hay trenes, no hay alternativas”.

Las entidades agropecuarias y portuarias también sostienen que esta tasa encarece la logística y perjudica la competitividad del puerto de Quequén frente a Bahía Blanca. Sin embargo, estudios independientes muestran que la incidencia en el costo por kilómetro es insignificante y que la negativa a pagar responde más a una lógica de poder que a un cálculo económico real.

Lo que está en juego no es solo el financiamiento de las calles. El debate pone en evidencia un modelo desequilibrado donde los sectores más rentables no se hacen cargo de los impactos que generan. Mientras tanto, el municipio intenta sostener los servicios con recursos que salen del bolsillo de los vecinos comunes. La Tasa Vial Solidaria no es un impuesto más, es un intento por redistribuir cargas y responsabilidades en una ciudad donde, si los poderosos no aflojan, el desarrollo seguirá estancado.

¿Quién defiende a quién?
Detrás del rechazo a la tasa, también se abre la pregunta sobre si las entidades del agro representan a los pequeños productores o si son aliadas de los grandes operadores portuarios, que trasladan los costos al eslabón más débil. La discusión está abierta, pero los datos son claros: los que más ganan, no están dispuestos a pagar ni lo mínimo.