“Las picadas no son contravenciones, son delitos penales”, indicó Carlos Larrarte

Así lo informó el Fiscal Larrarte, titular de la Fiscalía Número 30 de Necochea, en diálogo con Radio Rivadavia Necochea.

Según explicó el Fiscal Larrarte, la causa se originó a partir de la denuncia presentada por el Secretario de Seguridad municipal, Ángel Vázquez, ante la reiterada práctica de "destrezas" y pruebas de velocidad por parte de motociclistas en áreas de esparcimiento familiar durante los fines de semana.

Estas acciones ponían en grave riesgo la integridad física y la vida de las personas que disfrutaban de su tiempo libre.

La investigación se centró inicialmente en un día específico del mes de abril (cuya fecha exacta no precisó el fiscal), donde se recabaron pruebas a través de las cámaras de seguridad municipales.

Con estos elementos, se solicitaron órdenes de allanamiento con el objetivo principal de secuestrar las motocicletas utilizadas en estas prácticas ilegales.

Sin embargo, los operativos arrojaron resultados que van más allá de las infracciones de tránsito.

En varios de los domicilios allanados, se encontraron patentes adulteradas, motocicletas con pedido de secuestro, estupefacientes y armas de fuego.

El Fiscal Larrarte destacó especialmente la situación de las armas de fuego incautadas, señalando que las personas que las poseían no contaban con la habilitación legal correspondiente para su tenencia, tal como lo exige la Ley Nacional.

En cuanto al delito de realizar pruebas de velocidad o destrezas en vehículos motorizados en la vía pública sin autorización, Larrarte enfatizó que no se trata de una simple infracción, sino de un delito penal con una pena mínima de 6 meses y máxima de 3 años. El fiscal lamentó que esta situación sea minimizada por algunos infractores.

Finalmente, Larrarte remarcó que a este delito inicial se suman los hallazgos de armas de fuego y estupefacientes en varios de los domicilios allanados, lo que agrava la situación legal de los implicados.

La investigación continúa en curso para determinar la responsabilidad de cada uno de los involucrados en los diversos delitos durante los allanamientos.