Con esta decisión, ya no quedan imputados detenidos en unidades penitenciarias, ya que los otros cinco acusados habían recibido el mismo beneficio en instancias anteriores.
La medida se tomó tras los planteos de las defensas —encabezadas por los abogados Eduardo Freiler (Marti) y Sueyro (Jover)— y el análisis de la situación médica de los imputados en incidentes derivados de la causa principal.
En ese contexto, fue determinante el informe de la Dirección Provincial de Salud Penitenciaria, especialmente en el caso de Jover, donde se concluyó que padece patologías crónicas que no pueden ser tratadas adecuadamente en la Alcaidía N.º 44 de Batán.
El informe señaló:
Además, se indicó que las afecciones de Jover se agravaron desde 2024 durante su detención, y que el contexto carcelario no reúne las condiciones adecuadas para su tratamiento.
En ese sentido, la Justicia consideró necesario evitar un efecto gravoso o nocivo sobre la salud de los imputados.
A partir de la resolución, Marti y Jover dejaron de estar alojados en la unidad penitenciaria y pasarán a cumplir la prisión preventiva en sus respectivos domicilios, bajo estrictas condiciones:
Ambos ya habían sido notificados en una audiencia realizada días atrás en el Juzgado Federal N.º 1 de Necochea.
Marti y Jover están procesados con prisión preventiva como coautores de los delitos de:
Los hechos investigados habrían ocurrido entre el 21 de abril de 2021 y el 27 de mayo de 2024.
La causa se originó a fines de mayo del año pasado, cuando siete personas (cinco hombres y dos mujeres) fueron detenidas en múltiples allanamientos realizados por la Prefectura Naval Argentina en Necochea y el Gran Buenos Aires. Entre los implicados se encuentra también un ciudadano peruano radicado en San Justo.
En aquellos operativos se secuestraron vehículos de alta gama, dinero en efectivo y estupefacientes, lo que dio inicio a una investigación de gran magnitud en la ciudad.
Con todos los imputados fuera de unidades penitenciarias, la causa entra ahora en una nueva etapa judicial, mientras continúan las actuaciones y el seguimiento de las condiciones impuestas a los acusados.
La decisión marca un punto de inflexión en el expediente, donde el eje pasó de la detención efectiva a la evaluación de las condiciones de salud y el control bajo arresto domiciliario.