Papelón libertario: exigen respuestas al Municipio por la suspensión de clases y desconocen que es una decisión provincial

A través de una minuta de comunicación, los ediles solicitaron detalles sobre los protocolos y fundamentos que derivan en el cierre de escuelas, cuestionando la frecuencia de estas medidas y su impacto en la organización familiar y la continuidad educativa.

Sin embargo, la suspensión de clases en la provincia de Buenos Aires es una facultad exclusiva del sistema educativo provincial, a través de la Dirección General de Cultura y Educación, con intervención de Jefatura Distrital y el Consejo Escolar. El Municipio, en todo caso, puede emitir informes o recomendaciones vinculadas a la situación climática o de seguridad, pero no tiene potestad para definir la interrupción de la actividad escolar.

En ese marco, el pedido libertario no solo apunta a un actor que no toma la decisión, sino que además omite el marco legal vigente, lo que deja al descubierto una falta de rigurosidad en el abordaje del tema.

Desde el bloque argumentaron que la suspensión genera “desorganización familiar y falta de razonabilidad”, y que debe ser el último recurso. No obstante, esos criterios son evaluados por las autoridades educativas provinciales, que son las que definen en función de protocolos específicos y análisis de riesgo.

La iniciativa, lejos de abrir un debate serio sobre la política educativa o los mecanismos de prevención, termina evidenciando una desconexión con el funcionamiento real del sistema y plantea dudas sobre el nivel de preparación con el que se abordan temas sensibles.

No es la primera vez que ocurre. El bloque libertario ya había quedado en evidencia meses atrás al presentar un proyecto para “regular” habilitaciones comerciales temporarias, un régimen que en Necochea está vigente desde 2018. En aquella oportunidad, el concejal Eduardo Caballero impulsó una iniciativa que replicaba punto por punto lo que ya establece la normativa municipal: habilitaciones estacionales, altas y bajas por temporada, requisitos técnicos y controles administrativos.

Es decir, intentaron legislar sobre algo que ya estaba legislado.

Ese antecedente no hace más que reforzar un patrón: proyectos sin estudio previo, pedidos de informes dirigidos a actores equivocados y una preocupante falta de conocimiento del marco normativo básico.

Cuando un concejal pide explicaciones a quien no tiene la facultad de decidir, o propone por ordenanza algo que ya existe por ordenanza, el problema no es la ciudad. El problema es que no estudió.