Polémica por la prohibición a periodistas en Casa Rosada: crecen las críticas por el impacto en la libertad de expresión

Según se informó, la restricción incluyó la quita de las huellas dactilares a los trabajadores de medios que cubren habitualmente la actividad oficial, en el marco de una investigación por presunto espionaje y una denuncia contra periodistas de TN.

La medida generó preocupación en distintos sectores por su impacto directo en la libertad de expresión y el acceso a la información pública, un pilar central del sistema democrático. Durante la jornada, los periodistas debieron realizar su trabajo desde las inmediaciones de Plaza de Mayo, sin acceso al edificio gubernamental.

El contexto agrava el escenario: en los últimos días se registró una escalada de declaraciones oficiales con fuertes ataques verbales hacia el periodismo, lo que profundiza el clima de tensión entre el Gobierno y los medios.

En este marco, se abre un nuevo capítulo en el debate sobre los límites del poder y el rol de la prensa. No es un dato menor que sectores del propio oficialismo hayan sostenido públicamente que “había que odiar un poco más a los periodistas”, una frase que hoy resuena con mayor peso frente a decisiones concretas que restringen su trabajo.

La situación contrasta con momentos de la historia reciente donde el periodismo, incluso en contextos de confrontación política, defendía colectivamente su derecho a preguntar. La imagen de Jorge Lanata junto a otros periodistas reclamando “queremos preguntar” se convirtió en símbolo de esa defensa frente a gobiernos que eran duramente cuestionados por limitar el acceso a la información.

Hoy, con un gobierno que llegó al poder con un discurso fuertemente crítico hacia esas prácticas, las comparaciones resultan inevitables.

A nivel local, también se espera la posición de los concejales de La Libertad Avanza, que en distintas oportunidades han replicado el discurso nacional, para conocer si sostendrán una defensa de la libertad de expresión o acompañarán una medida que restringe el trabajo periodístico.

El episodio deja planteado un interrogante de fondo: hasta dónde puede avanzar un gobierno en nombre de la seguridad sin afectar derechos fundamentales, y qué lugar ocupa la prensa en ese equilibrio.

En un contexto donde la democracia se fortalece con más información y no con menos, el debate vuelve a instalarse con fuerza.