A través del Foro Regional de Intendentes para el Crecimiento y Desarrollo (FRICDe), cerca de 60 jefes comunales elevaron un pedido a la Legislatura bonaerense para modificar el uso del Fondo de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal, con el objetivo de poder destinar esos recursos al pago de salarios y servicios esenciales.
El planteo surge en un contexto de fuerte deterioro económico: caída de la recaudación, aumento de costos y una creciente dificultad para afrontar gastos corrientes. Según advierten los intendentes, esta combinación ya genera tensiones concretas en áreas clave como la recolección de residuos, el mantenimiento urbano y el pago de sueldos.
“El deterioro de la actividad económica lleva meses y afecta directamente los ingresos municipales”, señalaron en el documento enviado a la vicegobernadora Verónica Magario y al presidente de Diputados, Alejandro Dichiara.
El pedido apunta a modificar el esquema vigente del fondo —creado por ley— que actualmente destina una parte significativa a obra pública, limitando su uso para gastos urgentes. Hoy, el 70% de los recursos es de libre disponibilidad, mientras que el 30% restante está afectado a programas específicos.
Desde el Gobierno provincial, el ministro de Gobierno Carlos Bianco reconoció la gravedad del escenario y consideró “justo” el reclamo, aunque aclaró que el Ejecutivo no puede modificar la ley vigente. “Cualquier cambio debe tratarse en la Legislatura”, sostuvo.
El trasfondo es claro: la crisis ya no distingue colores políticos. Municipios grandes y chicos, oficialistas y opositores, enfrentan el mismo problema estructural: menos recursos y más demandas.
En ese contexto, el reclamo no solo busca una solución inmediata, sino también abrir un debate más profundo sobre el financiamiento de los gobiernos locales. Porque, como advierten los intendentes, lo que está en juego ya no es la obra pública, sino el funcionamiento básico del Estado municipal.
La discusión ahora se traslada a la Legislatura, en un escenario donde el tiempo juega en contra y la presión de los distritos no deja de crecer.