La presentación se produjo tras la declaración del contratista Matías Tabar, considerado una figura central en el expediente que busca esclarecer supuestas irregularidades en el manejo de fondos vinculados a obras millonarias.
Según sostuvo Pagano, existió un contacto previo entre allegados a Adorni y el testigo antes de su declaración. En ese marco, denunció que se habrían eliminado mensajes de WhatsApp y ofrecido “ayuda legal” a cambio de borrar evidencia comprometedora.
La legisladora argumentó que la posición jerárquica del funcionario le otorga capacidad para influir en organismos públicos y condicionar el avance de la causa. “Se habría intentado borrar pruebas del teléfono del testigo a cambio de beneficios”, afirmó.
El pedido fue presentado ante el juez Ariel Lijo, invocando la doctrina “Irurzun”, un criterio que permite justificar la prisión preventiva cuando existe riesgo de interferencia en la investigación por parte del imputado.
De manera alternativa, Pagano solicitó la imposición de medidas restrictivas, como la prohibición de contacto con testigos, la retención del pasaporte, una caución económica y la preservación de comunicaciones.
La causa es impulsada por el fiscal Gerardo Pollicita, y continúa en etapa de investigación. Mientras tanto, el rol del testigo aparece como clave para determinar la posible existencia de irregularidades y el grado de responsabilidad del funcionario.