Aprueban retiros voluntarios en el INTA y denuncian un “vaciamiento” del organismo

El Gobierno nacional puso en marcha un nuevo sistema de retiros voluntarios en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), en el marco del proceso de reestructuración y ajuste que impulsa la administración de Javier Milei sobre organismos públicos. La medida fue oficializada mediante la Resolución 144/26 y estará vigente durante mayo, con posibilidad de extenderse otros quince días. 

El programa ofrece una compensación equivalente a un sueldo y medio por cada año trabajado para los empleados de planta permanente que decidan adherirse. El objetivo oficial es reducir la estructura del organismo y avanzar con un fuerte recorte de personal. Según estimaciones internas, el plan podría alcanzar a cerca de 950 trabajadores y demandaría más de 100 mil millones de pesos. 

La decisión generó fuertes críticas desde sectores vinculados al agro, la ciencia y gobiernos provinciales. El ministro de Desarrollo Agrario bonaerense, Javier Rodríguez, denunció que el INTA atraviesa “un terrible vaciamiento” y cuestionó que el Ejecutivo tenga recursos para financiar desvinculaciones mientras reduce programas, personal y presupuesto. 

Además del recorte de trabajadores, distintas denuncias apuntan al cierre de agencias de extensión rural y a la transferencia de más de 47 mil hectáreas del organismo a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) para su posible venta. Entre los predios afectados aparece la histórica Estación Experimental Agropecuaria AMBA. 

Desde el Gobierno sostienen que la medida busca “modernizar” y reorganizar el funcionamiento del INTA, adecuándolo a nuevas demandas tecnológicas y reduciendo el gasto estatal. Sin embargo, trabajadores y especialistas advierten que el ajuste podría impactar directamente en la investigación agropecuaria, la asistencia técnica a productores y el desarrollo científico aplicado al sector rural. 

El INTA cuenta actualmente con alrededor de 5.700 empleados en todo el país y cumple un rol estratégico en investigación, innovación y acompañamiento técnico al campo argentino. Por eso, el avance del ajuste ya encendió alarmas en distintas provincias, donde temen una pérdida de presencia territorial y capacidad operativa del organismo.