Conflicto de poderes: el Ejecutivo llevó al Concejo ante la Suprema Corte

La tensión política entre el Departamento Ejecutivo y el Concejo Deliberante sumó un nuevo capítulo y ya quedó en manos de la Justicia bonaerense. El municipio formalizó ante la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires un conflicto de poderes contra el cuerpo legislativo local, en medio de la polémica por una ordenanza que establece beneficios tributarios para excombatientes de Malvinas, viudas y derechohabientes.

La presentación fue realizada el pasado 15 de mayo y lleva la firma del intendente Arturo Rojas, con patrocinio del área de Legal y Técnica encabezada por el doctor Ernesto Povilaitis. Además del planteo de fondo, el Ejecutivo solicitó una medida cautelar para suspender de manera inmediata la aplicación de la ordenanza hasta que la Corte resuelva la cuestión.

El eje de la disputa pasa por la Ordenanza Nº 12.148/26, aprobada recientemente por el Concejo Deliberante. La normativa incorpora exenciones dentro de la Ordenanza Fiscal e Impositiva vigente, entre ellas beneficios relacionados con licencias de conducir, estacionamiento medido y patentes de vehículos.

Sin embargo, el punto que generó el mayor rechazo dentro del Ejecutivo aparece en el artículo que obliga a incluir esas exenciones también en la Ordenanza Fiscal e Impositiva del ejercicio 2027.

Según sostiene el gobierno municipal, el Concejo avanzó sobre atribuciones vinculadas a la administración financiera y tributaria del municipio, facultades que considera propias del Ejecutivo. Bajo ese argumento, el municipio decidió acudir directamente al máximo tribunal bonaerense mediante la figura de conflicto de poderes, una herramienta excepcional prevista para resolver disputas institucionales entre distintos órganos del Estado.

La decisión profundiza el enfrentamiento político entre ambos sectores y abre un escenario de incertidumbre sobre la vigencia de la ordenanza. Mientras la Suprema Corte analiza si acepta el planteo y resuelve la cautelar solicitada, la discusión quedó trasladada del ámbito político al judicial.

Más allá del debate técnico y jurídico, el episodio expone una relación cada vez más tensa entre el Ejecutivo y el Concejo Deliberante, en un contexto donde las diferencias políticas comenzaron a traducirse también en disputas institucionales de alto impacto.