Escándalo: la Justicia investiga al Municipio de Mar del Plata gobernado por los libertarios

La Justicia recibió una denuncia penal que pone bajo investigación al Municipio de General Pueyrredon, actualmente gobernado por el espacio político alineado con La Libertad Avanza, por presuntas irregularidades en la concesión del Estadio José María Minella y del Polideportivo Islas Malvinas.

La presentación fue realizada por el fiscal general federal de Mar del Plata, Juan Manuel Pettigiani, quien solicitó que se investiguen posibles delitos de administración fraudulenta agravada en perjuicio de la administración pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

La denuncia apunta a la adjudicación realizada en 2025 a la firma Minella Stadium S.A., empresa integrada por el grupo brasileño Revee y socios argentinos, que obtuvo la concesión de los principales escenarios deportivos marplatenses tras haber sido la única oferente en la licitación.

Según el escrito judicial, uno de los aspectos centrales a investigar es el presunto incumplimiento de los compromisos asumidos por la empresa adjudicataria. La denuncia sostiene que, a varios meses de haberse concretado la concesión, las obras prometidas no muestran avances significativos y aún existirían reclamos por la falta de acceso público a información vinculada al proyecto y al contrato firmado.

Pero el punto más delicado está relacionado con la situación de Revee, la firma brasileña que controla Minella Stadium. La presentación judicial menciona que esa compañía habría estado vinculada al grupo REAG, investigado en Brasil en el denominado “Caso Banco Master”, una causa por presuntas maniobras de fraude financiero y lavado de dinero que generó repercusiones internacionales.

La denuncia sostiene que la Justicia deberá determinar si el Municipio realizó los controles necesarios antes de entregar la concesión y si verificó adecuadamente la solvencia económica de la empresa encargada de administrar un patrimonio considerado estratégico para la ciudad.

En ese contexto, Pettigiani solicita que se obtenga información de las autoridades brasileñas sobre las empresas involucradas y que el Municipio aporte toda la documentación relacionada con la concesión, la cual había sido requerida previamente por concejales de la oposición.

El expediente también incorpora como prueba diversas publicaciones periodísticas que reflejan cuestionamientos sobre la falta de avances en las obras, pedidos de informes sin respuesta y dudas sobre la capacidad financiera de la empresa concesionaria.

Mientras la investigación comienza a tomar forma en los tribunales, el caso golpea de lleno el discurso de transparencia que suelen reivindicar quienes hoy administran el municipio marplatense. La Justicia será la encargada de determinar si existieron irregularidades o si la concesión se ajustó plenamente a la legalidad.

Por ahora, lo que era presentado como un proyecto emblemático para recuperar el estadio mundialista de Mar del Plata se transformó en un nuevo frente judicial y político para la gestión local.