Fabricantes de juguetes advierten por una fuerte crisis y atribuyen el impacto al avance de las importaciones

La industria argentina del juguete atraviesa uno de los momentos más complejos de los últimos años. Representantes del sector aseguran que la combinación entre una marcada caída del consumo y el crecimiento de las importaciones está poniendo en riesgo la continuidad de numerosas empresas dedicadas a la producción nacional.

De acuerdo con datos difundidos por la Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ), durante el último año se registró un importante incremento en el ingreso de productos importados y una fuerte expansión de las firmas que participan de ese mercado. Según advierten desde la entidad, este escenario genera una competencia cada vez más difícil de sostener para los fabricantes locales.

El panorama se agrava por el debilitamiento del consumo interno. Comerciantes y empresarios sostienen que las ventas vienen mostrando niveles inferiores a los esperados y que fechas clave, como Navidad y Reyes, dejaron resultados por debajo de las proyecciones. La pérdida del poder adquisitivo y la cautela de las familias al momento de gastar aparecen entre las principales causas de la retracción.

Desde el sector también expresan preocupación por el impacto que la apertura de las importaciones puede tener sobre el empleo. La industria del juguete está integrada en su mayoría por pequeñas y medianas empresas que generan miles de puestos de trabajo directos e indirectos en distintos puntos del país. En ese contexto, advierten que la continuidad de la actual tendencia podría derivar en cierres de fábricas y una mayor pérdida de capacidad productiva.

A este escenario se suma otro reclamo: la necesidad de reforzar los controles sobre los productos que ingresan desde el exterior. Empresarios del rubro sostienen que una parte de las importaciones llega con valores muy bajos y reclaman mecanismos que garanticen condiciones de competencia equitativas y estándares adecuados de seguridad para los consumidores.

Mientras el Gobierno sostiene que la apertura comercial busca generar mayor competencia y contribuir a una baja de precios, los fabricantes nacionales advierten que, sin medidas de protección para la producción local, el costo podría traducirse en una mayor desindustrialización y en la desaparición de empresas históricas del sector.