Povilaitis: “El conflicto de poderes fue advertido en el veto y hoy el Concejo deberá dar explicaciones jurídicas, no políticas”

La reciente decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires de intervenir en el conflicto de poderes planteado por la Municipalidad de Necochea sigue generando repercusiones políticas e institucionales.

En diálogo con Horacio Castelli por Radio Noticias Necochea 97.3, el secretario de Legal y Técnica del municipio, Ernesto Povilaitis, sostuvo que la controversia actual era un escenario que el Departamento Ejecutivo había anticipado cuando el intendente Arturo Rojas vetó la ordenanza impulsada por la mayoría del Concejo Deliberante.

“El conflicto de poderes fue advertido en el veto y hoy el Concejo deberá dar explicaciones jurídicas, no políticas”, afirmó el funcionario.

Respaldo judicial en el caso Casino

Durante la entrevista, Povilaitis también se refirió al reciente fallo de la Cámara Contencioso Administrativa de Mar del Plata que confirmó la legalidad del proceso de subasta del Complejo Casino.

“Siempre sostuvimos la legalidad del procedimiento que se llevó a cabo. En segunda instancia nos dieron la razón en todos los puntos que habíamos planteado”, señaló.

Según explicó, la Cámara descartó los cuestionamientos vinculados a supuestas irregularidades ambientales, la participación ciudadana y la intervención de organismos patrimoniales.

“Hoy la Justicia se expidió demostrando la legalidad y transparencia del procedimiento que llevó adelante el Departamento Ejecutivo”, remarcó.

En ese sentido, fue especialmente crítico con los sectores que impulsaron las presentaciones judiciales.

“Yo considero que vistieron de un reclamo ambiental una cuestión política. No encuentro otra justificación. Los planteos que vienen haciendo son planteos políticos disfrazados de reclamos ambientales”, sostuvo.

El origen del conflicto con el Concejo

Respecto del conflicto que actualmente analiza la Suprema Corte bonaerense, Povilaitis explicó que la controversia se originó a partir de una ordenanza que ampliaba beneficios para excombatientes de Malvinas.

Recordó que la gestión de Arturo Rojas ya eximió a los veteranos del pago de todas las tasas urbanas y también de los derechos de construcción.

Sin embargo, señaló que el Concejo avanzó posteriormente con nuevas exenciones vinculadas al estacionamiento medido y a las licencias de conducir.

“Más allá de la finalidad loable que tuvo la ordenanza, lo cierto es que el Concejo no puede ni eximir ni alterar el presupuesto municipal en lo más mínimo. Eso está expresamente previsto en la ley”, afirmó.

El funcionario sostuvo que cualquier modificación tributaria o presupuestaria debe originarse en el Departamento Ejecutivo.

“Si no se hace a instancia del Ejecutivo, es absolutamente ilegal”, aseguró.

“La Corte entendió que existe un conflicto de poderes”

Povilaitis recordó que al momento del veto se explicó detalladamente a los concejales por qué la ordenanza resultaba incompatible con la normativa vigente y se advirtió que, en caso de insistir con la sanción, el municipio acudiría a la Suprema Corte.

“Se les hizo saber que si continuaban con esas ilegalidades se iba a recurrir a la Suprema Corte de Justicia, y así fue”, explicó.

Según indicó, el máximo tribunal provincial ya dio un primer paso significativo al admitir el planteo presentado por la Municipalidad.

“La Corte entendió que se encuentra configurado un conflicto de poderes y decidió correr traslado al Concejo Deliberante para que explique su proceder en un término de cinco días”, señaló.

Además, destacó una diferencia sustancial entre el debate político y la instancia judicial.

“La respuesta que tiene que dar el Concejo ahora es jurídica y no política”, enfatizó.

Críticas a proyectos que afectan recursos municipales

Durante la entrevista, Povilaitis cuestionó iniciativas impulsadas desde algunos bloques opositores que, según su visión, avanzan sobre recursos municipales sin considerar el contexto económico actual.

“Muchas de estas propuestas resultan absolutamente demagógicas”, afirmó.

El funcionario recordó que tanto la Provincia de Buenos Aires como los 135 municipios bonaerenses se encuentran bajo emergencia económica y financiera.

“Si quienes hoy impulsan estas medidas estuvieran a cargo del Departamento Ejecutivo no las plantearían. Y si lo hicieran serían absolutamente irresponsables porque no podrían pagar salarios, sostener el hospital ni garantizar los servicios básicos”, expresó.

Advertencia por el estacionamiento medido

Consultado sobre proyectos vinculados al sistema de estacionamiento medido, Povilaitis adelantó que el Ejecutivo mantendrá la misma postura jurídica.

“Cualquier modificación que afecte recursos municipales será vetada y, si ese veto es rechazado, se promoverá un nuevo conflicto de poderes”, advirtió.

Asimismo, confirmó que el valor actual del estacionamiento medido continuará sin cambios.

“La hora está en 400 pesos desde septiembre y el intendente Arturo Rojas no tiene previsto incrementarla durante el año en curso”, indicó.

Un caso que podría sentar jurisprudencia

Finalmente, Povilaitis consideró que la decisión de la Suprema Corte trasciende los límites del distrito y podría convertirse en un antecedente relevante para otros municipios bonaerenses.

“Seguramente muchos intendentes están observando esta situación porque no es una cuestión exclusiva de Necochea. Puede generar precedentes sobre la relación entre los departamentos ejecutivos y los concejos deliberantes”, concluyó.

Mientras la Corte avanza en el análisis del expediente, el Concejo Deliberante deberá presentar ahora su defensa jurídica ante el máximo tribunal provincial, en una disputa institucional que vuelve a poner en discusión los límites de las competencias entre ambos poderes municipales.