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18/06/2026
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Los hermanos Macana: mientras investigan a Francisco Adorni por declaraciones juradas falsas, crecen las polémicas en torno al entorno del poder libertario
10:20 | El fiscal federal Guillermo Marijuan pidió la declaración indagatoria del diputado bonaerense Francisco Adorni por presuntas irregularidades en sus declaraciones juradas patrimoniales.
La investigación apunta a omisiones de bienes, cuentas bancarias y fondos que fueron incorporados recién mediante sucesivas rectificaciones realizadas una vez iniciada la causa judicial.
La situación judicial de Francisco Adorni sumó un nuevo capítulo luego de que el fiscal federal Guillermo Marijuan solicitara su citación a declaración indagatoria en una causa que investiga presuntas irregularidades en la presentación de declaraciones juradas patrimoniales durante su paso por distintos cargos públicos nacionales.
La acusación se centra en el presunto delito de omisión maliciosa y falsedad en declaraciones juradas, previsto en el artículo 268 (3) del Código Penal, que sanciona a los funcionarios públicos que oculten bienes o presenten información patrimonial falsa.
La investigación se encuentra radicada en el Juzgado Federal N.º 6, actualmente subrogado por el juez Daniel Rafecas, y abarca el período comprendido entre 2023 y 2026.
Rectificaciones sucesivas y bienes incorporados después
Según la fiscalía, Francisco Adorni presentó reiteradas rectificaciones sobre declaraciones juradas ya entregadas ante la Oficina Anticorrupción.
Los cambios comenzaron a producirse una vez iniciada la investigación judicial y fueron incorporando progresivamente bienes, cuentas bancarias, tarjetas de crédito, dinero en efectivo y modificaciones en las valuaciones patrimoniales.
Uno de los puntos que despertó mayor atención fue la incorporación posterior de 21 millones de pesos provenientes de una herencia que no figuraban en las presentaciones originales.
La fiscalía sostiene que las correcciones no fueron aisladas sino reiteradas y que existieron más de diez modificaciones posteriores sobre distintos formularios oficiales.
Un dato que agrava la situación
Para el fiscal Marijuan existe un elemento particularmente relevante.
Antes de ocupar cargos en el Ministerio de Defensa y posteriormente en el Instituto de Ayuda Financiera (IAF), Adorni se desempeñó en áreas vinculadas al control y presentación de declaraciones juradas dentro del Consejo de la Magistratura bonaerense.
Por ese motivo, la investigación considera difícil sostener un desconocimiento técnico respecto de los requisitos y obligaciones que exige la normativa vigente.
"La omisión y posterior rectificación de datos patrimoniales relevantes no puede analizarse como un simple error administrativo", sostienen fuentes vinculadas a la investigación.
Variaciones patrimoniales bajo análisis
El expediente también analiza la evolución patrimonial del legislador.
De acuerdo con la documentación incorporada a la causa, durante un mismo período se registraron aumentos significativos en los bienes declarados y una importante reducción de deudas.
La fiscalía investiga si esas variaciones fueron correctamente justificadas y si la información presentada originalmente reflejaba de manera fiel la situación patrimonial del funcionario.
Entre las inconsistencias detectadas figuran diferencias en la valuación de inmuebles, incorporación tardía de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y fondos que inicialmente no habían sido informados.
La etapa que viene
Con el pedido de indagatoria, la causa ingresa en una instancia clave.
Si el juez hace lugar al planteo de la fiscalía, Francisco Adorni deberá comparecer para brindar explicaciones sobre las inconsistencias detectadas en sus declaraciones juradas y ejercer su derecho de defensa.
La investigación continúa abierta y, por el momento, no existe una resolución judicial definitiva sobre su responsabilidad.
Sin embargo, el pedido formulado por Marijuan marca un avance significativo en una causa que coloca bajo la lupa el patrimonio y la conducta de uno de los dirigentes cercanos al espacio político que hoy gobierna el país.
Mientras tanto, la situación vuelve a poner en debate la transparencia patrimonial de los funcionarios públicos y los mecanismos de control destinados a garantizar que quienes administran recursos del Estado informen de manera completa y veraz la evolución de sus bienes.
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