Caballero confirmó que el Concejo contratará abogados externos: otro costo que pagarán los vecinos por una ordenanza impulsada por la mayoría opositora

Mientras los vecinos de Necochea afrontan costos de vida más caros, el Concejo Deliberante deberá destinar recursos públicos para contratar asesoramiento jurídico externo con el objetivo de responder ante la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires.

La confirmación no llegó desde el Departamento Ejecutivo ni desde algún sector opositor. La hizo pública el propio concejal libertario Eduardo Caballero, quien reconoció que el cuerpo deliberativo analiza la contratación de un abogado o estudio jurídico para afrontar el conflicto de poderes planteado por la Municipalidad.

Y la pregunta surge inevitablemente: ¿era necesario llegar a esta situación?

Lo llamativo del caso es que el conflicto no apareció de manera sorpresiva. Por el contrario, fue advertido de forma expresa por el Departamento Ejecutivo cuando el intendente Arturo Rojas vetó la ordenanza impulsada por la mayoría del Concejo que ampliaba beneficios para veteranos de Malvinas.

En aquel decreto de veto, el Ejecutivo explicó que la iniciativa avanzaba sobre facultades reservadas por ley al Departamento Ejecutivo por tratarse de cuestiones tributarias y presupuestarias. Además, se dejó asentado que, si el Concejo insistía con la norma, el municipio recurriría a la Suprema Corte mediante un conflicto de poderes.

Exactamente eso fue lo que ocurrió.

Los concejales que impulsaron y votaron la insistencia decidieron avanzar de todos modos. Hoy la Corte suspendió la ordenanza, admitió el conflicto institucional y le otorgó al Concejo un plazo para responder jurídicamente.

No políticamente.

Jurídicamente.

Y allí aparece otra contradicción difícil de explicar.

Entre los bloques que acompañaron aquella ordenanza existen varios concejales abogados, seis. Sin embargo, ahora el propio cuerpo deliberativo analiza contratar profesionales externos para intentar defender ante la Justicia una decisión que ellos mismos aprobaron.

El propio Caballero dejó en evidencia el costo que esto tendrá para la comunidad.

"El vecino va a terminar el costo de un abogado para el Concejo Deliberante", afirmó.

La frase es contundente porque describe exactamente lo que sucede.

Los contribuyentes deberán afrontar los gastos de ambas partes de una disputa que pudo haberse evitado si quienes impulsaron la ordenanza hubieran atendido las advertencias jurídicas formuladas previamente.

La situación adquiere mayor relevancia en un contexto donde permanentemente se reclama austeridad en el gasto público y donde muchos dirigentes cuestionan el uso de recursos estatales.

Sin embargo, ahora serán fondos públicos los que deberán utilizarse para contratar abogados que defiendan una decisión política tomada por una mayoría circunstancial del Concejo Deliberante.

La discusión de fondo ya no es únicamente jurídica.

También es una discusión sobre responsabilidad política.

Porque cuando una decisión genera costos para toda la comunidad, resulta legítimo preguntarse si quienes la impulsaron evaluaron realmente sus consecuencias.

La Suprema Corte tendrá la última palabra sobre la legalidad de la ordenanza.

Pero la factura de este nuevo capítulo institucional ya empezó a correr.

Y, como suele ocurrir demasiadas veces en la política argentina, terminará pagándose con el dinero de todos los vecinos.