Una nueva encuesta nacional encendió señales de alerta en el Gobierno de Javier Milei. Según un relevamiento realizado por la consultora CEOP Latam sobre 2.200 casos en todo el país, ocho de cada diez argentinos consideran que Manuel Adorni debería renunciar o pedir licencia mientras avanzan las investigaciones judiciales que generan creciente preocupación en el oficialismo.
De acuerdo con el estudio, el 55,1% de los consultados sostuvo que el actual jefe de Gabinete debería abandonar definitivamente su cargo, mientras que otro 23,6% consideró que debería apartarse temporalmente hasta que se esclarezcan las denuncias y cuestionamientos que pesan sobre su entorno.
Los números reflejan un fuerte desgaste político y se suman a otro dato inquietante para la Casa Rosada: la desaprobación de la gestión de Javier Milei alcanzó el 54,3%, el registro más alto desde diciembre de 2023. En paralelo, la aprobación cayó al 37,2%.
Entre las principales preocupaciones manifestadas por los encuestados aparecen la inflación, la corrupción y la falta de empleo, temas que vuelven a ocupar un lugar central en la agenda pública.
El estudio también indagó sobre la imagen de Adorni y las respuestas fueron contundentes. Entre las definiciones más repetidas surgieron calificativos como "corrupto" (22%), "ladrón" (12%), "chorro" (9,8%), "mentiroso" (8,3%) y "chanta" (4,3%).
La encuesta además refleja que el 59% de los consultados considera que el Presidente o integrantes de su entorno tienen algún grado de responsabilidad en el denominado caso $LIBRA, mientras que el 67,4% entiende que los créditos otorgados por el Banco Nación a funcionarios constituyen hechos de corrupción.
El deterioro político se produce además en un contexto complejo para la familia Adorni.
En los últimos días, el fiscal federal Guillermo Marijuan solicitó la declaración indagatoria del diputado bonaerense Francisco Adorni, investigado por presunta omisión maliciosa y falsedad en sus declaraciones juradas patrimoniales.
Según la investigación, el legislador habría omitido bienes, cuentas bancarias y sumas de dinero que fueron incorporadas posteriormente mediante sucesivas rectificaciones realizadas una vez iniciada la causa judicial.
Entre las modificaciones detectadas figura la incorporación de 21 millones de pesos que Adorni atribuyó a una herencia y que no habían sido informados originalmente ante los organismos de control.
La fiscalía considera especialmente relevante que Francisco Adorni contaba con experiencia previa en áreas vinculadas al control de declaraciones juradas durante su paso por el Consejo de la Magistratura bonaerense, por lo que difícilmente pudiera desconocer las obligaciones legales vinculadas a esas presentaciones.
Mientras la causa avanza en los tribunales federales y las encuestas reflejan un creciente malestar social, el oficialismo enfrenta uno de los momentos de mayor desgaste político desde su llegada al poder, con cuestionamientos que ya no se limitan a la economía y comienzan a impactar de lleno sobre la credibilidad y la transparencia de algunos de sus principales dirigentes.