Zubillaga, los abogados y una peligrosa concepción de la ley

En medio del debate por los vetos del intendente Arturo Rojas y del conflicto de poderes que hoy analiza la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, Zubillaga decidió darle un consejo público al jefe comunal.

Dijo que tiene experiencia en la gestión de empresas y sostuvo que si una empresa se manejara por lo que le indican los abogados, los contadores, los escribanos y los asesores, "no movería una empresa".

La frase no es menor. Porque el contexto tampoco lo es.No se estaba discutiendo una estrategia comercial ni una decisión privada. Se estaba discutiendo el cumplimiento de la ley.

Y allí aparece el verdadero problema.

Porque lo que hoy enfrenta al Concejo Deliberante con el Departamento Ejecutivo no es una diferencia de criterios políticos. Es una discusión jurídica.

El secretario de Legal y Técnica, Ernesto Povilaitis, recordó días atrás que el conflicto de poderes fue advertido expresamente cuando el intendente vetó la ordenanza impulsada por la mayoría opositora.

Se les explicó a los concejales que estaban avanzando sobre facultades que la ley reserva al Departamento Ejecutivo.

Se les advirtió que insistir con esa decisión podía derivar en una presentación ante la Suprema Corte.

Decidieron avanzar igual. Y hoy la Corte les exige explicaciones: Jurídicas, no políticas.

Pero además hay un dato que vuelve todavía más llamativas las palabras de Zubillaga.

No se trata solamente de lo que opinan los abogados municipales.

Tampoco de lo que sostienen los contadores del municipio.

Se trata de lo que establece la legislación vigente y de los criterios que históricamente fija el Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires, el organismo constitucional encargado de controlar y auditar a los 135 municipios bonaerenses.

Es decir, no estamos hablando de opiniones. Estamos hablando de normas. De responsabilidades administrativas.De obligaciones legales.

Un intendente no tiene la posibilidad de elegir qué ley cumplir y cuál no.No puede administrar recursos públicos como si fueran propios.

No puede ignorar dictámenes técnicos porque le resultan incómodos.

Y mucho menos puede avanzar sobre cuestiones presupuestarias o tributarias cuando los organismos competentes le indican que estaría incumpliendo la normativa.

Por eso sorprende que un concejal sugiera públicamente que gobernar implica desoír a quienes tienen precisamente la obligación de advertir sobre esos límites.

La frase también deja una pregunta inevitable.

Si para gestionar una empresa, según Zubillaga, no alcanza con seguir lo que indican abogados, contadores y escribanos, ¿qué mensaje se está transmitiendo sobre la importancia de las normas y los controles?

Porque en el sector público esos controles existen para proteger los recursos de todos los vecinos. No para obstaculizar la gestión.

La democracia funciona sobre una base elemental: los funcionarios pueden discutir políticas, prioridades y proyectos.

Lo que no pueden discutir es la obligación de respetar la ley. Mucho menos invitar a otros a ignorarla.La función de un concejal es controlar, legislar y representar. No sugerir atajos cuando las normas resultan incómodas.

Y menos aún cuando la propia Suprema Corte está analizando un conflicto que nació precisamente por no escuchar las advertencias jurídicas que hoy algunos parecen despreciar.

En tiempos donde la sociedad reclama transparencia, responsabilidad y respeto institucional, el mensaje debería ser exactamente el contrario.

Escuchar a los abogados. Escuchar a los contadores. Escuchar a los organismos de control. Y, sobre todo, cumplir la ley.

 

 

 

 

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