Massa quedó desautorizado por la Procuración: el dictamen de la Suprema Corte desarmó uno por uno los argumentos del abogado del Concejo

El reciente dictamen de la Procuración General de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires no solo representa un fuerte respaldo jurídico al planteo realizado por el intendente Arturo Rojas en el conflicto de poderes con el Honorable Concejo Deliberante. También dejó seriamente cuestionada la estrategia jurídica defendida públicamente por el abogado Guillermo Massa, asesor contratado por el cuerpo deliberativo para responder ante el máximo tribunal bonaerense.

Semanas atrás, Massa había sostenido en declaraciones radiales que el conflicto impulsado por el Departamento Ejecutivo carecía de sustento jurídico. Incluso llegó a afirmar que la medida cautelar dictada por la Suprema Corte era "un sin sentido", argumentando que la ordenanza cuestionada recién tendría vigencia en 2027 y, por lo tanto, no existía perjuicio alguno para el presupuesto municipal.

Su principal argumento fue que "no hay caso" porque "no hay lesión", ya que los beneficios tributarios aún no habían comenzado a aplicarse.

Sin embargo, el dictamen emitido por el Procurador General desmonta esa interpretación.

Lejos de considerar inexistente el conflicto, el jefe de los fiscales ante la Suprema Corte concluyó que el Concejo Deliberante avanzó sobre competencias que la Constitución bonaerense y la Ley Orgánica de las Municipalidades reservan de manera exclusiva al Departamento Ejecutivo.

Incluso, el dictamen es categórico al afirmar que "le asiste razón al señor intendente municipal de Necochea", al entender que las modificaciones al régimen tributario solo pueden ser impulsadas por el Ejecutivo y no por iniciativa del Concejo Deliberante.

El argumento central de Massa quedó sin respaldo

Otro de los ejes de la defensa planteada por Massa consistía en afirmar que el artículo 40 de la Ley Orgánica de las Municipalidades habilitaba al Concejo a establecer exenciones tributarias por iniciativa propia.

No obstante, la Procuración realizó una interpretación diferente. El dictamen recuerda que, cuando esas modificaciones impactan sobre los recursos municipales y forman parte de la política fiscal, la iniciativa corresponde exclusivamente al Departamento Ejecutivo, ya que integra el proceso de elaboración presupuestaria previsto por la Constitución provincial.

Es decir, el debate no gira sobre si los veteranos de Malvinas merecen o no el beneficio —algo que el propio Procurador deja fuera de discusión— sino sobre cuál de los dos poderes municipales tiene competencia para promover ese tipo de normas.

Tampoco prosperó la crítica a la medida cautelar

Massa también había cuestionado la decisión de la Suprema Corte de suspender preventivamente la ordenanza, calificando esa resolución como "un sin sentido" porque sus efectos recién comenzarían el próximo año.

Sin embargo, el máximo órgano de la Procuración entendió que existían fundamentos suficientes para analizar el conflicto institucional y, además, recomendó declarar la nulidad de la ordenanza, criterio que fortalece la decisión cautelar ya adoptada por la propia Suprema Corte.

En otras palabras, el planteo del abogado del Concejo de que el conflicto no existía quedó seriamente debilitado frente a un dictamen que sostiene exactamente lo contrario: que hubo un exceso en el ejercicio de las atribuciones del cuerpo deliberativo.

Un revés jurídico para la estrategia del HCD

El pronunciamiento de la Procuración no constituye todavía la sentencia definitiva, ya que esa decisión corresponderá a la Suprema Corte de Justicia bonaerense.

Sin embargo, se trata de uno de los dictámenes jurídicos más relevantes dentro del proceso y representa un fuerte respaldo técnico a la postura sostenida por el Departamento Ejecutivo.

Mientras Guillermo Massa había asegurado públicamente que no existía conflicto de poderes y que la cautelar carecía de sentido, el Procurador General concluyó que el Concejo Deliberante invadió facultades constitucionales reservadas al Ejecutivo y recomendó declarar nula la ordenanza.

Ahora será la Suprema Corte la que tenga la última palabra. Pero el primer análisis jurídico de fondo dejó al descubierto que los principales argumentos con los que el HCD intentó defender su posición no encontraron respaldo en la Procuración General.