Mientras en Tandil buscan un rescate millonario para evitar un paro, en Necochea algunos concejales siguen sin dimensionar la crisis del transporte

El contraste expone la gravedad de una actividad que atraviesa dificultades en toda la región y reabre el debate sobre el reciente aumento del boleto aprobado en Necochea.

La crisis que atraviesa el transporte público de pasajeros ya no admite miradas aisladas. Lo que sucede en Tandil deja en evidencia que el problema excede ampliamente a Necochea y responde a un escenario económico que golpea a todas las empresas del sector.

En las últimas horas, la Cámara de Transporte de Tandil solicitó formalmente al Municipio un adelanto de 40 millones de pesos para que dos de las empresas prestatarias puedan afrontar el pago de salarios y del medio aguinaldo. De no recibir esos fondos, advirtieron que podría desencadenarse un paro que dejaría sin servicio a más de 55.000 usuarios diarios.

El pedido contempla un adelanto de 20 millones de pesos para Transporte Nueve de Julio S.A. (Línea 500) y otros 20 millones para La Nueva Movediza Transportes S.A. (Línea 502). Si bien el resto de las empresas anunció que podrá cumplir con el pago de los haberes, la UTA anticipó que, en caso de paralizarse esas líneas, el resto de los trabajadores acompañará la medida de fuerza por solidaridad, lo que derivaría en un cese total del servicio.

Desde la Cámara empresaria explicaron que la falta de liquidez obedece, principalmente, al retraso en el cobro de los subsidios nacionales y a la pérdida de poder adquisitivo de esos fondos como consecuencia de la inflación. Los recursos recién percibidos corresponden a abril, cuando los costos operativos eran muy inferiores a los actuales.

El espejo para Necochea

La situación tandilense pone en perspectiva el debate que recientemente se dio en el Concejo Deliberante de Necochea por la actualización del boleto del transporte urbano.

En Necochea, lejos de reclamar un rescate económico extraordinario al Municipio para pagar salarios, el mecanismo elegido fue la actualización de la tarifa, una herramienta prevista para intentar sostener la prestación del servicio en un contexto de incremento permanente de costos.

Sin embargo, durante el tratamiento del expediente, un grupo de concejales decidió votar en contra del aumento del boleto, aun cuando desde la empresa prestataria se advirtió sobre el delicado estado financiero que atraviesa la actividad y el riesgo que ello implica para la continuidad del servicio y las fuentes laborales.

Lo ocurrido en Tandil demuestra que la crisis del transporte público no responde a una mala administración local ni constituye una excepción necochense. Se trata de un fenómeno regional y nacional, atravesado por inflación, atraso en los subsidios y una estructura de costos cada vez más difícil de sostener.

Mirar el contexto

Lo sucedido en la ciudad serrana no implica minimizar los problemas que enfrentan los usuarios de Necochea ni justificar automáticamente cada incremento tarifario. Pero sí invita a contextualizar las decisiones políticas.

En ese sentido, el caso de Tandil expone que, cuando los ingresos no alcanzan para cubrir los costos, las alternativas suelen reducirse a tres: incrementar subsidios públicos, actualizar tarifas o enfrentar el riesgo de una paralización del servicio.

Por eso, varios sectores sostienen que los debates sobre el transporte deberían contemplar no solo la realidad local, sino también el contexto económico que atraviesa todo el sistema.

Porque legislar únicamente mirando el escenario propio, sin considerar la situación general del transporte público, puede derivar en decisiones que, lejos de resolver los problemas de los usuarios, terminen poniendo en riesgo la continuidad del servicio y las fuentes de trabajo que dependen de él.