El veto al estacionamiento medido reabre el debate sobre los límites entre el Ejecutivo y el Concejo Deliberante

El veto total dispuesto por el Departamento Ejecutivo a la ordenanza que modificaba el Sistema de Estacionamiento Medido (SEM) trasciende ampliamente la discusión sobre qué calles deben o no estar alcanzadas por el estacionamiento pago.

La decisión del intendente Arturo Rojas abre un nuevo capítulo en la relación institucional con el Concejo Deliberante y vuelve a instalar un interrogante que atraviesa buena parte de la política local: ¿hasta dónde llegan las facultades del órgano legislativo y dónde comienzan las atribuciones exclusivas del Ejecutivo?

Esa parece ser, en definitiva, la cuestión de fondo.

La Ordenanza Nº 12.240 había sido aprobada por mayoría en el Concejo Deliberante con el objetivo de reducir el área comprendida por el estacionamiento medido. La iniciativa encontró respaldo en concejales que consideran que el sistema, tal como funciona actualmente, representa una carga adicional para comerciantes, trabajadores y vecinos que concurren diariamente al centro de la ciudad.

El argumento político que sostuvo esa posición resulta entendible. En un contexto económico complejo, con un consumo retraído y un comercio que intenta recuperar actividad, reducir la superficie del estacionamiento pago aparece como una medida destinada a facilitar el acceso al centro comercial, disminuir costos para quienes realizan compras y favorecer el movimiento económico.

No se trata de una discusión menor. En muchas ciudades, las políticas de estacionamiento forman parte de las estrategias de desarrollo comercial y suelen revisarse cuando cambian las condiciones económicas.

Sin embargo, el Ejecutivo sostiene una visión completamente distinta.

En el Decreto Nº 2109/26, mediante el cual vetó íntegramente la ordenanza, el gobierno municipal afirma que el Sistema de Estacionamiento Medido no puede analizarse únicamente desde una perspectiva comercial ni como un simple mecanismo de recaudación.

Por el contrario, sostiene que constituye una política pública de ordenamiento urbano cuyo objetivo principal es garantizar la rotación vehicular, optimizar el uso del espacio público y facilitar que una mayor cantidad de vecinos pueda acceder a los sectores de mayor concentración administrativa, comercial y de servicios.

Desde esa óptica, reducir el área alcanzada por el SEM podría producir el efecto contrario al buscado por quienes impulsaron la modificación.

Si desaparece el incentivo económico para liberar los espacios, argumenta el Ejecutivo, aumentará el tiempo de permanencia de los vehículos, disminuirá la rotación y será aún más difícil encontrar lugar para estacionar en el centro para quienes necesitan realizar trámites o compras de corta duración.

En esa interpretación, el principal beneficiario del sistema no es solamente el municipio, sino también el usuario que necesita disponibilidad de espacios durante el día.

El verdadero eje del conflicto

No obstante, el aspecto más relevante del veto probablemente no sea la discusión sobre el funcionamiento del estacionamiento medido.

El núcleo del decreto se apoya en una cuestión institucional.

El Ejecutivo sostiene que la ordenanza invade competencias que la legislación provincial reserva al Departamento Ejecutivo. Según esa interpretación, modificar el funcionamiento de un servicio administrado por el municipio implica alterar decisiones operativas, afectar recursos humanos, modificar previsiones presupuestarias e intervenir sobre aspectos cuya responsabilidad política y legal corresponde exclusivamente al intendente.

En otras palabras, el gobierno municipal no discute solamente la conveniencia de reducir el estacionamiento medido. Discute, sobre todo, quién tiene la facultad de decidir sobre esa política pública.

El decreto cita informes técnicos y jurídicos que concluyen que la ordenanza aprobada por el Concejo avanza sobre materias vinculadas con la organización administrativa y la ejecución presupuestaria, competencias que la Ley Orgánica de las Municipalidades asigna al Departamento Ejecutivo.

No es un planteo nuevo dentro de la política necochense. Durante los últimos meses se reiteraron las diferencias entre ambos poderes respecto del alcance de distintas ordenanzas impulsadas por el Concejo. En más de una oportunidad, el Ejecutivo sostuvo que algunas iniciativas, aun compartiendo sus objetivos, excedían las atribuciones del cuerpo deliberativo al interferir en decisiones propias de la administración municipal.

En ese marco, el veto aparece como una herramienta institucional prevista precisamente para resolver este tipo de conflictos. No implica desconocer la función legislativa del Concejo, sino establecer un límite cuando el Ejecutivo entiende que una ordenanza invade competencias que le son propias.

Naturalmente, esta interpretación no es compartida por todos.

Desde el ámbito legislativo probablemente se sostendrá que el Concejo tiene la facultad de definir políticas públicas mediante ordenanzas y que el estacionamiento medido forma parte de esas atribuciones.

Allí radica, precisamente, el trasfondo político del episodio. Más que una discusión sobre una tarifa o sobre algunas cuadras del centro, vuelve a ponerse en debate el delicado equilibrio entre dos poderes que deben controlarse mutuamente sin avanzar sobre las competencias del otro.

Una nueva propuesta en camino

El veto también deja una señal política clara. El Ejecutivo no eligió realizar observaciones parciales ni proponer modificaciones puntuales. Optó por rechazar la ordenanza en su totalidad, reafirmando una posición de principio respecto de sus facultades de gobierno y administración.

Al mismo tiempo, el Departamento Ejecutivo anunció que ya trabaja en una propuesta integral de actualización del Sistema de Estacionamiento Medido, que incluirá beneficios e incentivos tanto para usuarios como para comerciantes.

Según se informó oficialmente, la iniciativa será enviada al Concejo Deliberante para su tratamiento con el objetivo de modernizar el sistema, mejorar la experiencia de los usuarios y acompañar la actividad comercial mediante herramientas concretas y sostenibles.

En ese sentido, el intendente Arturo Rojas expresó:

"Nuestro compromiso es con los comerciantes, con los vecinos y con el respeto a las instituciones. Sabemos que el comercio atraviesa un momento complejo y queremos acompañarlo con medidas que realmente generen resultados. Por eso estamos trabajando en una propuesta superadora, con beneficios para usuarios y comerciantes, que enviaremos al Concejo Deliberante para su tratamiento. Nuestro objetivo es fortalecer la actividad económica, pero siempre dentro de la ley y con la responsabilidad que implica administrar los recursos de todos los necochenses".

Ahora la discusión vuelve al Concejo Deliberante, donde deberá definirse si existe voluntad política para insistir con la ordenanza vetada o si el debate se encauza a partir de la nueva propuesta anunciada por el Ejecutivo.

Lo que comenzó como una discusión sobre el estacionamiento medido terminó exponiendo un debate mucho más profundo: el alcance de las atribuciones de cada poder y la importancia de preservar el equilibrio institucional dentro del gobierno municipal.