El presidente Javier Milei volvió a fijar su postura sobre el creciente endeudamiento de las familias argentinas y aseguró que el Estado no debe intervenir para resolver los problemas financieros entre particulares y entidades bancarias.
Sus declaraciones se dieron en un contexto en el que, según datos del Banco Central, unas 5,8 millones de personas mantienen deudas con atrasos superiores a los 90 días, mientras distintos estudios señalan que el 62% de los argentinos recurrió al crédito para llegar a fin de mes.
Consultado sobre la situación de las familias endeudadas, Milei fue contundente.
"¿Le pusieron una pistola en la cabeza? No. Bueno. ¿Es correcto que yo le haga pagar a usted por eso? Decir que lo tiene que arreglar el Estado es pasarle la cuenta a todos los demás. No está bien", afirmó.
El mandatario sostuvo que los compromisos financieros asumidos entre personas y entidades crediticias forman parte de acuerdos privados y que no corresponde que el Estado intervenga para resolverlos.
Al referirse al origen del aumento de la mora, Milei atribuyó parte de la situación a la incertidumbre financiera generada durante el proceso electoral.
Según el Presidente, la volatilidad registrada antes de las elecciones legislativas provocó movimientos en las tasas de interés que impactaron sobre quienes habían tomado financiamiento.
En la misma línea se expresó el ministro de Economía, Luis Caputo, quien sostuvo que el Gobierno no tiene herramientas para intervenir en la relación entre bancos y clientes.
"Es un banco dándole un crédito a un privado. Mucho no tenemos que hacer, es parte de la gimnasia de los bancos", señaló.
El funcionario explicó que el Ejecutivo ya había advertido a las entidades financieras sobre los riesgos de otorgar préstamos con tasas elevadas cuando los salarios crecían a un ritmo menor.
Además, estimó que el nivel de mora podría reducirse a medida que los bancos continúen ofreciendo refinanciaciones con plazos más extensos y tasas más bajas.
De acuerdo con las cifras oficiales, 5,8 millones de personas presentan atrasos superiores a los 90 días en el sistema financiero.
Mientras tanto, el Gobierno insiste en que la responsabilidad por el endeudamiento corresponde a quienes tomaron los créditos y que la solución debe darse dentro del ámbito privado, sin intervención estatal.