La crisis de Granja Tres Arroyos, durante décadas considerada la mayor empresa avícola de la Argentina, sumó un nuevo capítulo. La firma decidió suspender sin fecha de reapertura las operaciones de su planta de Capitán Sarmiento, en la provincia de Buenos Aires, profundizando un proceso de ajuste que desde hace meses impacta sobre miles de trabajadores en distintos puntos del país.
La decisión fue comunicada a través de un escrito interno que informó que las actividades quedaban suspendidas "hasta nuevo aviso" a partir del 31 de agosto, atribuyendo la medida a la falta de suministro eléctrico y a cuestiones operativas derivadas de circunstancias de fuerza mayor. Además, el personal fue instruido para no concurrir a la planta, salvo que fuera convocado expresamente por supervisores.
Sin embargo, la preocupación de los trabajadores va mucho más allá del comunicado oficial.
Según trascendió, las máquinas concesionadas que funcionaban dentro del establecimiento ya fueron retiradas, al igual que otros equipos utilizados en la producción. A esto se suma otro dato que alimenta la incertidumbre: integrantes del directorio también habrían vaciado sus oficinas y retirado pertenencias de los depósitos, lo que incrementó el temor de que el cierre sea definitivo.
Entre los trabajadores crece la incertidumbre sobre el futuro laboral.
Fuentes vinculadas a la planta señalaron que existe preocupación por la posibilidad de que la empresa no pueda afrontar el pago de las indemnizaciones en caso de un cierre definitivo, en un contexto económico y financiero cada vez más delicado para la compañía.
El cierre de Capitán Sarmiento no es un hecho aislado.
Desde fines de 2024, Granja Tres Arroyos acumula una serie de cierres, suspensiones y despidos que fueron reduciendo su estructura productiva.
Entre las medidas adoptadas se encuentran el cierre de la planta de Tristán Suárez, el traslado de trabajadores en Concepción del Uruguay, la paralización de la planta Avex de Río Cuarto, las suspensiones en la planta Pinazo de Pilar y la fuerte reducción de actividad en establecimientos de Ezeiza y Esteban Echeverría.
En paralelo, durante agosto fueron despedidos 250 trabajadores de la planta de Concepción del Uruguay. El gremio de la alimentación denunció además importantes atrasos salariales y cuestionó la forma en que la empresa viene manejando la crisis.
La empresa también atraviesa una compleja situación financiera.
Actualmente negocia con sus acreedores la reestructuración de una deuda superior a 350 millones de dólares, que contempla fuertes quitas, plazos extendidos de pago y la venta de activos para obtener liquidez. Incluso, durante este año concretó la venta de una de sus plantas bajo un esquema de alquiler con opción de recompra.
Mientras tanto, cientos de familias permanecen a la espera de definiciones sobre su futuro, en un conflicto que ya dejó de ser un problema empresarial para transformarse en una nueva señal de alarma sobre la situación de la industria y el empleo en la Argentina.