La Justicia suspendió el nuevo Régimen Penal Juvenil en la Provincia y abrió un nuevo debate sobre la imputabilidad

La implementación del nuevo Régimen Penal Juvenil volvió a generar un fuerte cruce político entre la Provincia de Buenos Aires y el Gobierno nacional, luego de que la Justicia bonaerense resolviera suspender preventivamente durante 60 días la aplicación de la normativa en todo el territorio provincial.

La medida fue dispuesta por Marta Elba Pascual, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora, a partir de un hábeas corpus preventivo colectivo presentado por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo en favor de adolescentes privados de su libertad.

El fallo puso el foco en las condiciones con las que cuenta actualmente el sistema para recibir a una eventual mayor cantidad de adolescentes sometidos a procesos penales.

¿Qué plantea el nuevo régimen?

El Régimen Penal Juvenil fue establecido mediante la Ley 27.801, sancionada por el Congreso nacional en febrero de este año. La normativa establece un régimen penal específico para adolescentes desde los 14 años hasta antes de cumplir los 18, cuando sean imputados por delitos contemplados en el Código Penal o en leyes penales especiales.

El Gobierno nacional defendió la reforma como una herramienta para modificar el sistema vigente y establecer responsabilidades penales para adolescentes a partir de los 14 años. La ley fue promulgada en marzo y reglamentada recientemente mediante el Decreto 875/2026, publicado el 7 de septiembre.

La reglamentación contempla, entre otros aspectos, mecanismos de atención a las víctimas, medidas alternativas, capacitación de los operadores y dispositivos de coordinación entre organismos.

Los argumentos de la Justicia

La jueza Pascual consideró que actualmente no estarían dadas las condiciones materiales, institucionales y profesionales necesarias para ampliar el universo de adolescentes que podrían quedar alcanzados por el sistema penal.

Entre los cambios que podrían generar un incremento de la población bajo responsabilidad penal, el fallo señala la incorporación de adolescentes de 14 y 15 años, la inclusión de determinados delitos que anteriormente quedaban fuera del régimen y la aplicación de la escala penal prevista en el Código Penal.

Según la resolución, esa combinación podría generar tanto un aumento de los ingresos al sistema como una mayor permanencia de adolescentes privados de su libertad. Por ese motivo, la magistrada ordenó la suspensión preventiva y solicitó a las autoridades bonaerenses que informen qué medidas fueron adoptadas, cuáles están previstas y cuáles son sus plazos.

La jueza también advirtió sobre el riesgo de que una eventual falta de infraestructura derive en un mayor nivel de hacinamiento.

La posición de la Provincia

El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, respaldó públicamente la decisión judicial y sostuvo que la reducción de la edad de imputabilidad, por sí sola, no alcanza.

Desde su perspectiva, para aplicar una reforma de estas características son necesarios nuevos juzgados y fiscalías especializadas, centros de alojamiento, infraestructura y personal capacitado.

Alonso también cuestionó al Gobierno nacional por los recursos que, según la administración bonaerense, deberían ser transferidos a la Provincia para afrontar las necesidades vinculadas con la seguridad y la implementación del nuevo régimen.

El cuestionamiento del Gobierno nacional

La postura del Gobierno nacional fue diferente. El jefe de Gabinete, Diego Santilli, cuestionó públicamente el silencio del gobernador Axel Kicillof frente a la suspensión y planteó que la decisión favorecía, a su entender, a quienes cometen delitos.

El funcionario también cuestionó la posición de la administración bonaerense en materia de seguridad.

Alonso respondió que la decisión de suspender la aplicación del régimen no corresponde al Poder Ejecutivo sino al Poder Judicial, y planteó que el debate debería centrarse también en las condiciones necesarias para que la nueva legislación pueda aplicarse efectivamente.

Una discusión que va más allá de bajar la edad

El conflicto plantea una discusión que excede la cuestión de la edad de imputabilidad.

Por un lado, quienes respaldan la reforma sostienen que los adolescentes que cometen delitos deben asumir responsabilidades frente a la Justicia y que el Estado necesita contar con herramientas específicas frente a hechos delictivos cometidos por menores.

Por otro, quienes cuestionan su implementación inmediata advierten que modificar la edad de ingreso al sistema penal requiere contar previamente con infraestructura, personal especializado, establecimientos adecuados y mecanismos que permitan cumplir con los objetivos de responsabilidad, educación y reinserción social previstos por la propia normativa.

La ley nacional establece precisamente que el régimen tiene entre sus finalidades fomentar en el adolescente el sentido de responsabilidad por sus actos y favorecer su educación, resocialización e integración social.

Por ahora, la Justicia bonaerense fijó un plazo de 60 días para la suspensión preventiva y ordenó avanzar con información y medidas destinadas a determinar si existen las condiciones necesarias para implementar el régimen.

El debate, mientras tanto, vuelve a quedar instalado en torno a una pregunta que atraviesa a distintos sectores de la sociedad: ¿alcanza con modificar la edad de imputabilidad para enfrentar el delito juvenil o es necesario transformar también las condiciones y recursos del sistema que debe aplicar esa normativa?

La respuesta continúa siendo motivo de discusión política, judicial y social.