La emergencia del transporte y una contradicción difícil de explicar en el Concejo

La discusión por el transporte público de Necochea dejó este miércoles una situación que, más allá de las posiciones políticas de cada bloque, merece ser analizada desde la lógica y la coherencia de las decisiones tomadas.

El Concejo Deliberante aprobó la emergencia del transporte público, aunque el escenario que se pretendía resolver ya tenía, al menos parcialmente, una solución acordada: durante la mañana, el Departamento Ejecutivo y la Compañía de Transportes Necochea habían firmado una prórroga por 150 días, destinada a garantizar la continuidad del servicio mientras se avanza hacia una nueva concesión. La prórroga fue firmada antes de la votación de la emergencia y quedó sujeta al posterior refrendo del Concejo Deliberante.

La información sobre ese acuerdo, según se planteó durante la jornada, ya había sido comunicada a los concejales antes del inicio de la sesión.

Y allí aparece la primera pregunta: ¿qué emergencia se estaba declarando si el servicio ya tenía garantizada su continuidad por cinco meses?

La propia discusión parlamentaria terminó confirmando que la prórroga y la emergencia quedaron vinculadas en una misma jornada. La emergencia fue aprobada por mayoría y establece facultades para el Ejecutivo durante su vigencia, además de fijar un plazo de hasta 60 días para que el Municipio envíe al Concejo el nuevo pliego de licitación.

Una prórroga que no se quiso tratar

Después del Orden del Día, el bloque de Nueva Necochea presentó el acuerdo firmado entre el Ejecutivo y la empresa por 150 días.

Sin embargo, el expediente no fue admitido para su tratamiento en el recinto. El acuerdo había sido firmado previamente por el Ejecutivo y la empresa y estaba planteado ad referéndum del Concejo Deliberante.

El argumento de quienes se opusieron a tratarlo fue que, una vez aprobada la emergencia, el Departamento Ejecutivo quedaba facultado para disponer la continuidad del servicio y eventualmente prorrogarlo dentro de los límites establecidos por la ordenanza, sin necesidad de que el Concejo volviera a aprobar el acuerdo. Esa fue una de las razones expuestas públicamente para no avanzar con el tratamiento de la prórroga.

Y aquí aparece una segunda contradicción.

Si la emergencia se aprobó precisamente para otorgarle herramientas al Ejecutivo para garantizar el transporte, ¿por qué el Concejo no quiso tratar el instrumento que ya había sido firmado para garantizarlo?

Pero hay además una cuestión temporal que merece ser observada.

La ordenanza aprobada durante la sesión todavía no era, en ese momento, una norma promulgada. Como cualquier ordenanza, debía completar el proceso correspondiente para entrar en vigencia, y eventualmente podía ser promulgada o vetada por el Departamento Ejecutivo.

La prórroga, en cambio, había sido firmada antes de la sanción de la ordenanza.

Por eso aparece un interrogante concreto: si el acuerdo firmado por el Ejecutivo y la empresa debía ser refrendado por el Concejo y finalmente no obtiene ese respaldo, ¿qué ocurre con ese instrumento que fue celebrado antes de la nueva ordenanza?

La respuesta podría obligar a las partes a buscar una nueva herramienta contractual para garantizar la continuidad del servicio, dependiendo de cómo quede finalmente instrumentada y promulgada la emergencia.

Y ahí es donde aparece el problema de fondo: una decisión pensada para garantizar la continuidad del transporte podría terminar generando una nueva discusión sobre cómo garantizar esa misma continuidad.

La cuestión no es menor. El servicio público no es una abstracción: son los colectivos que necesitan diariamente trabajadores, estudiantes, jubilados y vecinos de Necochea y Quequén.

La emergencia que llega después de la solución

La emergencia fue presentada como una herramienta para evitar que la ciudad se quedara sin colectivos. Sin embargo, cuando el Concejo comenzó a debatirla, la continuidad ya había sido acordada mediante una prórroga de 150 días.

Incluso, durante el debate, desde Nueva Necochea se señaló que el nuevo pliego de licitación ya estaría elaborado y que sería remitido al Concejo durante la próxima semana. Esa información también fue recogida durante la cobertura de la sesión.

Entonces surge otra pregunta inevitable:

Si el nuevo pliego ya está elaborado, si será enviado al Concejo en los próximos días y si existe una prórroga que garantiza el servicio durante 150 días, ¿qué solución adicional aporta la declaración de emergencia?

La ordenanza aprobada establece que el Ejecutivo tendrá hasta 60 días para enviar el nuevo pliego al Concejo.

Es decir, se establece por ordenanza un plazo para hacer algo que, según lo expresado durante la sesión, ya estaría hecho.

Y aquí aparece otra cuestión que debería formar parte de la discusión: si finalmente el Concejo no refrenda la prórroga que ya fue firmada, habrá que determinar cómo se articula jurídicamente la continuidad del servicio con la nueva ordenanza y con las facultades que esta le otorga al Ejecutivo.

En definitiva, la discusión que debía estar concentrada en cómo garantizar el transporte y avanzar hacia una nueva licitación corre el riesgo de desplazarse hacia una disputa sobre instrumentos administrativos y competencias.

También aparece la cuestión tarifaria

Otro punto que genera interrogantes es el relacionado con la tarifa.

El sistema cuenta con una fórmula polinómica para determinar la actualización del boleto, contemplando variables vinculadas a los costos del servicio y los salarios de los trabajadores.

De hecho, la prórroga mantiene el mecanismo de actualización tarifaria previsto por la normativa municipal vigente.

Por eso, cualquier modificación de ese mecanismo debería quedar expresamente articulada con la normativa vigente para evitar superposiciones.

Si una nueva ordenanza pretende otorgar facultades tarifarias al Ejecutivo mientras continúa vigente el mecanismo establecido anteriormente, la cuestión debería quedar claramente delimitada para evitar interpretaciones diferentes.

¿Emergencia real o declaración política?

El transporte de Necochea atraviesa, indudablemente, una situación compleja. Hubo dos llamados a licitación sin ofertas y la concesión necesitó nuevas soluciones transitorias para evitar la interrupción del servicio.

Eso es una realidad.

Pero una cosa es reconocer que existe una crisis estructural del sistema, y otra muy diferente es declarar una emergencia cuando, simultáneamente, el Ejecutivo ya consiguió una herramienta concreta para garantizar los colectivos durante los próximos meses.

La pregunta que queda planteada no es partidaria. Es institucional:

¿Qué cambia para el vecino a partir de la emergencia que no estuviera resuelto con la prórroga de 150 días?

Porque si la respuesta es que la emergencia permite al Ejecutivo hacer lo que ya hizo —garantizar la continuidad del servicio—, entonces la discusión corre el riesgo de transformarse más en una declaración política que en una herramienta concreta de gestión.

Y eso es precisamente lo que debería evitar el Concejo Deliberante: tomar decisiones que se superpongan, lleguen tarde o terminen generando más confusión que soluciones.

El transporte necesita certezas. Los usuarios necesitan saber que el colectivo va a seguir circulando. Los trabajadores necesitan previsibilidad y la ciudad necesita, finalmente, una nueva concesión.

En medio de esta discusión también aparece una pregunta sobre la responsabilidad de los propios concejales. ¿Realmente todas las decisiones que se están tomando tienen como prioridad garantizar el servicio y encontrar una solución definitiva para el transporte?

La pregunta cobra mayor relevancia si se recuerda que el sistema ya atravesó dos procesos licitatorios sin oferentes y que, durante el debate político sobre las condiciones de esos llamados, también surgieron discusiones sobre cuestiones que no necesariamente estaban vinculadas con la prestación esencial del servicio.

Incluso, desde esta mirada crítica, se ha cuestionado el papel que tuvieron algunos concejales en el proceso anterior. Entre los cuestionamientos formulados aparece el caso de un edil al que se le atribuyó haber planteado que se incorporaran televisores en las garitas de las paradas de colectivos como condición dentro de la discusión del pliego. Ese señalamiento forma parte de la crítica política al proceso y debería ser considerado en función de lo que efectivamente conste en los expedientes y debates del Concejo.

El debate político puede continuar. Pero la lógica administrativa debería ser mucho más sencilla: primero garantizar el servicio, después definir las reglas y finalmente licitar. No al revés.

La emergencia fue aprobada por 10 votos contra 9, mientras que el acuerdo de prórroga había sido firmado previamente y quedó sujeto al refrendo del Concejo.

Ahora será necesario ver cómo se articulan ambas decisiones y, sobre todo, si el nuevo pliego efectivamente llega al Concejo en los próximos días.

Porque si la solución ya estaba firmada y la propia emergencia otorga herramientas para garantizar la continuidad, la pregunta que queda flotando es sencilla: ¿para qué se declaró la emergencia y qué problema concreto viene a resolver?

Y, sobre todo, ¿qué decisión van a tomar los concejales si el servicio queda nuevamente condicionado por la falta de acuerdo sobre la prórroga?

Ahí estará la verdadera responsabilidad institucional: no en quién gana una discusión política, sino en quién garantiza que el colectivo siga pasando por la parada.