La polémica por los “trapitos” suma nuevas voces: reclaman inclusión y alternativas al trabajo informal

La ordenanza que restringe la actividad de cuidacoches, “trapitos” y otras formas de trabajo informal continúa generando repercusiones en Necochea. Luego de las diferencias expresadas dentro del Partido Justicialista, ahora se sumaron cuestionamientos desde el ámbito gremial.

La consejera provincial del PJ por la Quinta Sección, Andrea Cáceres, y el titular de La Bancaria Necochea e integrante de la conducción de la CGT Regional, Damián Ledesma, coincidieron en señalar que el debate debería contemplar la situación económica y laboral de quienes recurren a estas actividades como fuente de ingresos.

Cáceres: “El peronismo tiene que incluir”

Cáceres, concejal mandato cumplido e integrante del gabinete del ministro bonaerense Andrés Larroque, fue una de las dirigentes que firmó el documento interno del PJ titulado “No en nombre del justicialismo”, en el que distintos referentes partidarios marcaron diferencias con el tratamiento de la ordenanza.

En declaraciones al programa Voces de la Tarde, sostuvo que el contexto económico debe ser parte de la discusión y cuestionó que se restrinjan actividades que, según planteó, muchas personas utilizan para generar ingresos ante la falta de empleo formal.

“El peronismo tiene que incluir, no poner a la gente afuera”, afirmó.

Para Cáceres, el fenómeno alcanza no solamente a quienes trabajan como cuidacoches, sino también a vendedores ambulantes, limpiavidrios, artistas callejeros y personas que elaboran alimentos para vender.

“Es el plan B para sobrevivir”, resumió, al considerar que muchas familias recurren a esas alternativas después de perder un empleo o ante la necesidad de reforzar sus ingresos.

La dirigente aclaró que su postura no significa rechazar la necesidad de ordenar el espacio público.

“No significa que no haya que ordenar. Creo que la ley es pareja para todos y para todas”, sostuvo.

Sin embargo, cuestionó especialmente cómo se determinará quién podrá acceder a las excepciones contempladas en la normativa y quién quedará afuera.

“¿De qué manera el Departamento Ejecutivo va a detectar la situación de vulnerabilidad o va a elegir a unos y a otros no?”, planteó.

Una experiencia personal

Durante la entrevista, Cáceres también recordó una experiencia personal vinculada con la necesidad de generar ingresos durante una etapa de dificultades económicas.

Relató que junto a otras personas llegó a elaborar ensalada de frutas, milanesas y sándwiches para comercializarlos y complementar los ingresos familiares.

A partir de esa experiencia, planteó una pregunta que considera central para la discusión: “Si no hay trabajo, no se puede la gente ganar la vida de la manera que pueda hacerlo, ¿cuál va a ser la respuesta?”

La dirigente reclamó que el justicialismo mantenga como eje la generación de oportunidades y sostuvo que el documento difundido por dirigentes del PJ no responde a una interna partidaria, sino a una discusión sobre los principios que históricamente reivindica ese espacio.

Ledesma: “La solución no puede ser expulsarlos”

Desde el ámbito sindical, Damián Ledesma también cuestionó la ordenanza y vinculó la discusión con un fenómeno más amplio: la precarización y la pérdida de empleos formales.

“Lo que estamos viendo es la precarización del empleo, la uberización del trabajo, la expulsión de grandes sectores de trabajadores y trabajadoras del sistema formal”, sostuvo.

Según el dirigente de La Bancaria y la CGT Regional, frente a ese escenario se estaría optando por prohibir actividades que algunas personas desarrollan en los márgenes del mercado laboral.

Para Ledesma, “la solución no puede ser expulsarlos”, sino generar alternativas de trabajo formal y mecanismos que permitan ordenar las actividades existentes.

También cuestionó que la iniciativa haya contado con respaldo de distintos espacios políticos y consideró que parte de la dirigencia estaría adoptando posiciones más conservadoras frente al crecimiento de La Libertad Avanza.

El antecedente de una cooperativa

El dirigente gremial recordó además una experiencia que, según señaló, se desarrolló años atrás en Necochea con personas que lavaban automóviles en la vía pública.

De acuerdo con su relato, aquellos trabajadores fueron incorporados a una cooperativa y posteriormente vinculados al sistema de estacionamiento medido.

Para Ledesma, ese antecedente demuestra que existen alternativas diferentes a la expulsión de quienes realizan actividades informales.

“Lo que hoy no vemos en la política es creatividad o cosas nuevas, ofertas nuevas y propuestas nuevas a los graves problemas que tiene la sociedad”, cuestionó.

El debate ahora se concentra en qué alternativa ofrecer

La discusión sobre los “trapitos” quedó así atravesada por dos cuestiones diferentes: por un lado, la necesidad de regular y ordenar el uso del espacio público y, por otro, qué respuesta debe ofrecer el Estado a quienes desarrollan actividades informales para obtener ingresos.

Cáceres y Ledesma coinciden en que la regulación no debería desvincularse de la situación laboral y social de quienes realizan esas tareas, aunque sus planteos surgen desde ámbitos diferentes: el primero desde el debate interno del justicialismo y el segundo desde la representación sindical.

En ese marco, el reclamo que plantean es que, además de establecer reglas, se analicen alternativas de inclusión laboral y generación de empleo, para evitar que una prohibición termine dejando sin una fuente de ingresos a personas que actualmente no cuentan con otra alternativa.