“Los que se tienen que quemar en la hoguera son los hijos de puta”: el peligro de una frase presidencial contra el periodismo

Las palabras del presidente Javier Milei durante la cena de la Fundación Faro, realizada el viernes por la noche, merecen un enérgico repudio. No se trata solamente de una nueva escalada de insultos contra quienes ejercen el periodismo, sino de la gravedad institucional que adquiere un discurso de estas características cuando proviene de la máxima autoridad del país.

Al referirse a la investigación por el caso $LIBRA, el mandatario sostuvo que existió una “operación política y mediática” con “fines golpistas”, apuntó contra el diario LA NACION y mencionó a periodistas que cubrieron el expediente, a quienes calificó de “ensobrados y corruptos”.

Pero fue una frase la que encendió una alarma que va mucho más allá de una disputa política o de una descalificación personal: “Los que se tienen que quemar en la hoguera son los hijos de puta”.

No es una expresión menor. No puede relativizarse como una provocación más ni justificarse bajo el argumento de que el Presidente habla sin filtros. La violencia verbal, cuando es ejercida desde el poder, tiene una dimensión distinta: la palabra presidencial no es una opinión más en una discusión de redes sociales. Tiene peso político, autoridad institucional y capacidad para marcar el clima en el que se desarrolla el debate público.

Cuando el poder señala al periodismo

Un presidente tiene todo el derecho de cuestionar una investigación periodística, desmentir información, presentar pruebas, recurrir a la Justicia y exigir rectificaciones cuando considera que se publicaron datos falsos. El periodismo no está por encima de la ley ni exento de críticas.

Pero una cosa es responder con argumentos y otra, muy distinta, es construir un discurso que identifica a periodistas como enemigos, los acusa de corrupción de manera generalizada y los coloca en el centro de una retórica de castigo y exterminio simbólico.

Hablar de “quemar en la hoguera” a quienes el mandatario considera sus adversarios no es una metáfora inocua. Evoca persecución, castigo y eliminación del diferente. Y resulta especialmente preocupante cuando el destinatario de los ataques es una actividad cuya función esencial consiste en investigar, preguntar, contrastar versiones y controlar a quienes ejercen el poder.

No hace falta que exista una orden concreta para advertir el riesgo de este tipo de expresiones. La reiteración de insultos y descalificaciones desde la cima del Estado puede contribuir a instalar un clima de hostilidad contra quienes informan y, por extensión, contra quienes piensan distinto.

La libertad de prensa no se negocia

La libertad de expresión y de prensa son pilares de cualquier democracia. Están protegidas por la Constitución Nacional, especialmente por sus artículos 14 y 32, y por los tratados internacionales de derechos humanos incorporados a nuestro ordenamiento jurídico.

No son concesiones de un gobierno, ni dependen de que una publicación resulte agradable para el Presidente de turno. Su razón de ser es precisamente garantizar que el poder pueda ser cuestionado, investigado y sometido al escrutinio público.

El periodismo puede equivocarse. Puede recibir críticas legítimas, ser cuestionado por sus intereses o tener que responder por información que difunde. Pero ninguna de esas posibilidades habilita a convertir la crítica en una campaña de hostigamiento ni a presentar a los periodistas como enemigos que merecen ser castigados.

Investigar el ejercicio del poder no es intentar un golpe de Estado. Publicar preguntas incómodas no equivale a extorsionar. Y señalar posibles irregularidades no constituye, por sí mismo, una conspiración política.

Las acusaciones deben demostrarse con pruebas y discutirse por los canales correspondientes. La descalificación no reemplaza a los argumentos, del mismo modo que un insulto no refuta una investigación.

El peligro de naturalizar la violencia verbal

La preocupación no se limita al destinatario inmediato de los ataques. Cuando desde la Presidencia se utiliza un lenguaje que habla de hogueras y se divide a la sociedad entre quienes merecen prosperar y quienes deberían ser castigados, se corre el riesgo de naturalizar la violencia como forma de intervención política.

En una sociedad democrática, la responsabilidad de quienes ocupan cargos públicos es mayor, no menor. Se puede confrontar con dureza, defender una gestión, cuestionar a la oposición y responder a las investigaciones periodísticas. Lo que no debería naturalizarse es que la máxima autoridad del país utilice expresiones que evocan la eliminación del adversario para referirse a quienes considera responsables de atacarlo.

El problema es aún más profundo cuando el mensaje se dirige contra periodistas identificables. El señalamiento desde el poder puede aumentar su exposición al hostigamiento y generar un efecto intimidatorio sobre otros profesionales, que podrían medir sus preguntas o investigaciones por temor a convertirse en el próximo blanco.

La libertad de prensa no se vulnera únicamente mediante la censura directa. También puede debilitarse cuando se instala un ambiente en el que informar, investigar o cuestionar al Gobierno convierte a una persona en objetivo de agresiones.

El fallo judicial no cierra el debate público

Milei realizó estas declaraciones luego de que, según la información publicada sobre el expediente, el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi dictara el sobreseimiento del Presidente, de su hermana y de los demás involucrados en la causa $LIBRA.

Una resolución judicial debe ser respetada y sus alcances analizados con seriedad. Pero el desenlace de una causa no convierte automáticamente en ilegítima toda pregunta periodística previa, ni autoriza a descalificar de manera indiscriminada a quienes siguieron el caso.

La labor de la prensa no consiste en dictar sentencias. Consiste en informar, investigar y poner a disposición de la ciudadanía elementos para comprender los asuntos de interés público. La responsabilidad por lo que se publica debe evaluarse a partir de los hechos, las pruebas y las normas aplicables, no mediante ataques personales desde un escenario político.

Si el Presidente considera que hubo falsedades, tiene a su disposición las vías institucionales para cuestionarlas. Lo que no puede pretender es que la sociedad confunda una crítica periodística con una conspiración y que los profesionales de la información deban aceptar el agravio como precio por cumplir su tarea.

Un repudio que excede las diferencias políticas

Defender la libertad de prensa no significa defender a un medio en particular ni respaldar automáticamente a cada periodista. Significa defender el derecho de la sociedad a recibir información, conocer distintas versiones y exigir explicaciones a quienes gobiernan.

Ese principio debe sostenerse incluso cuando las investigaciones incomodan, cuando las preguntas irritan y cuando la cobertura periodística resulta crítica del Gobierno. De lo contrario, la libertad de prensa deja de ser un derecho y se transforma en una concesión reservada a quienes tienen la aprobación del poder.

Por eso, las expresiones de Milei merecen un repudio claro. No por una cuestión de simpatía política ni por las diferencias que puedan existir con su gestión, sino por la responsabilidad institucional que implica ser Presidente de la Nación.

La democracia necesita periodistas que puedan preguntar sin miedo, medios que puedan investigar sin amenazas y ciudadanos que puedan acceder a información sin que se intente desacreditar de antemano a quien la produce.

Un presidente puede cuestionar al periodismo. Lo que no debería hacer es convertirlo en enemigo. Y mucho menos utilizar desde el poder una frase como “quemar en la hoguera” para referirse a quienes considera sus adversarios.

La libertad de prensa no es un obstáculo para la democracia. Es una de sus garantías fundamentales. Cuando se ataca a quienes informan, se pone en discusión un derecho que pertenece a todos.